Tuesday, May 17, 2011

Corte decide tribunal del DN conozca caso estafa millonaria de terrenos en Higüey




Santo Domingo.-La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó una decisión dictada por el juez de atención permanente de enviar hacia la jurisdicción de Higüey a tres acusados de estafar con más de RD$1,000 millones a varias personas y empresas de esa demarcación.
El tribunal, presidido por el magistrado Julio César Canó Alfau, dispuso que el expediente en contra de los abogados Eulogia Margarita Melo Rodríguez y Remberto José Durán Cabrera y de Reynaldo Melo Santana sea remitido al juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El tribunal integrado además por los jueces Katia Miguelina Jiménez, Francisco Ortega Polanco y Antonio Sánchez Mejía Mejía ordenó la solicitud de medida cautelar interpuesta en contra de los imputados, por violación a los artículos 147, 148,151,265,266 y 405 del Código Penal Dominicano, sea remitida a la oficina de Atención Permanente del Distrito.
Los jueces de la Corte de Apelación adoptaron la decisión, tras acoger un recurso de apelación presentado por los abogados de la querellante María Altagracia Morales Lebrón viuda Marranzini, doctores Ramón Pina Acevedo, Miguel Liria González y Julio César Castillo, así como de los fiscales adjuntos Manuel Randolfo Acosta Castillo y Jhon Henry Reynoso.
El juez de Atención Permanente José Alejandro Vargas se había declarado incompetente para conocer una solicitud de medida de coerción en contra de los imputados y remitió el caso por ante la jurisdicción de Higuey por entender que ése es el tribunal competente.
El apresamiento de los imputados se produjo luego de que la Procuraduría General de la República y el Registrador Nacional de Títulos desmantelaran una red en la jurisdicción inmobiliaria de Higüey, conformada por abogados, notarios, ex empleados de la jurisdicción inmobiliaria de Higüey y particulares, quienes supuestamente se dedicaban a la falsificación de certificados de propiedad.
En torno al caso también fue vinculado Santiago Brito Guzmán, a quien se dictó tres meses de prisión preventiva en Najayo, quien de acuerdo al expediente acusatorio valiéndose de un pasaporte falso se hacía pasar por el “licenciado Félix Gil Morales” (una persona fallecida en 1994), para vender terrenos de la parcela 86 del distrito catastral número 11 de la provincia La Altagracia.
Las indagatorias sobre las irregularidades en la jurisdicción inmobiliaria del Registro de Títulos en Higüey las encabezan el procurador general adjunto Bolívar Sánchez Veloz y el registrador de títulos de esa ciudad, Pablo Miguel Peña Caraballo.
Se constituyen en actores civiles
La mafia en la expedición de títulos de propiedad falsos fue descubierta luego de una querella presentada por la compañía Morcasti, S.A y la señora María Altagracia Morales viuda Marranzini, quienes se constituyeron en actores civiles en contra del grupo al que se atribuyen las irregularidades.

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